«Del político que promete y no cumple a un sistema sin intermediarios»

La cuestión de fondo: ¿Y si las promesas políticas dejaran de depender únicamente de la confianza y pudieran registrarse, verificarse y auditarse públicamente?

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0. De dónde viene este argumento: la legitimación simbólica

Antes de hablar de promesas incumplidas y de alternativas técnicas, conviene nombrar el marco general: la legitimación simbólica.

En sociología y antropología, se denomina así al conjunto de prácticas, discursos y rituales que hacen que un orden social —incluidas sus jerarquías y desigualdades— parezca natural, inevitable o incuestionable. Pierre Bourdieu habló de violencia simbólica: el poder que se ejerce con la complicidad inconsciente de quien lo sufre, a través de estructuras mentales que hacen ver como «normal» lo que es una construcción social. En el ámbito jurídico, la legislación simbólica es su expresión más concreta: normas que no buscan regular la conducta de forma efectiva, sino enviar un mensaje, reafirmar valores o simular que se actúa.

La promesa política incumplida puede analizarse como un caso de legitimación simbólica: el político anuncia una acción, el anuncio cumple una función de legitimación ante la opinión pública, pero la acción no se ejecuta. Cuando esto ocurre sin consecuencias suficientes, el gesto puede terminar sosteniendo la apariencia de acción sin transformar la realidad.

Este artículo parte de esa intuición: si la política produce símbolos sin efectos, ¿cómo construir un sistema que haga que las promesas sean trazables, verificables y, cuando corresponda, revocables? El recorrido va de la legitimación simbólica al análisis jurídico, de ahí al mandato representativo y, finalmente, a dos propuestas que, combinadas, ofrecen una alternativa.

1. El punto de partida: la promesa que no se cumple

Un político anuncia que va a arreglar el tren. Lo dice en un mitin, lo repite en entrevistas, lo pone en el programa. Pasa el tiempo y el tren sigue igual. No hay sanción jurídica por el mero incumplimiento de la promesa. No hay delito por ese solo hecho. Como mucho, pierde votos.

Esto no es simplemente un defecto accidental del sistema. Es una consecuencia de cómo está diseñada la representación política. La Constitución española prohíbe expresamente el mandato imperativo (artículo 67.2): los representantes no están atados por instrucciones vinculantes de sus electores. La lógica histórica es proteger la libertad del parlamentario para que pueda cambiar de opinión si las circunstancias varían. La consecuencia práctica es que una promesa electoral no es, por sí misma, un contrato exigible ante los tribunales.

Éticamente, la intuición es clara: pagamos a un político para que gestione lo público. Si solo gestiona apariencias, nos está engañando. Pero el derecho no castiga automáticamente el incumplimiento como engaño. Lo deja, por regla general, en el terreno de la responsabilidad política, no de la responsabilidad jurídica.

2. El problema de fondo: la ficción del mandato libre

La prohibición del mandato imperativo se vincula históricamente con el constitucionalismo representativo surgido de la Revolución Francesa: la soberanía reside en la nación en su conjunto, no en distritos concretos. Si el representante debe representar al conjunto, no puede estar atado a las instrucciones de una parte.

Pero esa libertad formal puede resultar insuficiente en la práctica. El político no decide en soledad guiado únicamente por su conciencia. Está condicionado por su partido, por grupos de presión, por la financiación, por los medios y por los compromisos de coalición. Parte de estas influencias puede quedar poco visible para el ciudadano.

El resultado es paradójico: el representante es formalmente libre frente al ciudadano que le vota, pero puede ser materialmente dependiente de otros actores. La cuestión democrática es cómo transparentar y controlar esas influencias.

3. La pregunta: ¿se puede hacer mejor?

No se trata de votar más veces ni de poner una aplicación en el móvil. Se trata de resolver dos problemas de fondo:

• Cómo expresar prioridades reales, no solo un sí o un no.
• Cómo saber quién aporta qué, para que el mérito y la responsabilidad sean trazables.

Dos propuestas abordan estos problemas por separado. Leídas juntas, se complementan de una forma que ninguna logra por sí sola.

4. Primera pieza: Democracia Ordenada

Lectura relacionada: Democracia directa ordenada: más allá del voto sí/no.

La Democracia Ordenada parte de una idea sencilla: el voto binario pierde información fundamental. Dos personas pueden votar lo mismo con intensidades completamente distintas. Una puede preferir ligeramente una opción; otra puede considerarla prioritaria.

La propuesta asigna a cada ciudadano 100 créditos democráticos —no dinero, no transferibles, todos con la misma cantidad— que se distribuyen entre las cuestiones a decidir. Así se expresa no solo qué se prefiere, sino cuánto importa.

Pero el sistema va más allá de la votación. Cada propuesta lleva asociada información sobre su coste, sus dependencias, sus incompatibilidades y su horizonte temporal. El resultado no es una clasificación de propuestas aisladas, sino la búsqueda de una cartera factible de decisiones: el conjunto de medidas que, respetando las restricciones reales, mejor representa las prioridades expresadas.

La función social que agrega las preferencias (utilitarista, de Nash, max-min) debe definirse antes de votar, para que no se manipule después.

Cuestión abierta: ¿quién define las restricciones, quién controla la agenda de lo que se vota y cómo se evita que quien controla las métricas capture el sistema?

5. Segunda pieza: Sistema de Valor Contributivo Distribuido (SVCD)

Lectura relacionada: Del voto ponderado a la contabilidad de las contribuciones.

El SVCD aborda otro problema: los sistemas actuales de reconocimiento no identifican necesariamente a quien originó una idea valiosa. Una persona sin credenciales puede proponer una solución que otros desarrollan, ejecutan y de la que se benefician, sin recibir reconocimiento proporcionado.

La propuesta es una infraestructura de contabilidad de contribuciones: un registro verificable de quién propuso cada idea, quién la validó, quién la modificó, quién la ejecutó y con qué evidencia. No es una medida del valor intrínseco de las personas, sino una descripción revisable de acciones, evidencias y consecuencias.

El sistema distingue entre valor potencial de una propuesta, calidad de la evidencia disponible, contribución causal a resultados observados y atribución del mérito a los distintos participantes. La reputación contributiva es contextual (por ámbito), no transferible y no sustituye la igualdad política.

Cuestión abierta: la medición del impacto sigue siendo una decisión normativa (qué dimensiones cuentan y con qué pesos), y el voto estratégico no se elimina.

6. La síntesis: los dos artículos se complementan

Si se leen juntos, cada uno puede ayudar a abordar los puntos que el otro deja abiertos:

• El SVCD aporta trazabilidad de las decisiones: registra quién define restricciones, quién controla la agenda y quién modifica las métricas, con autoría, fecha y evidencia. Así, una posible manipulación de agenda —por ejemplo, fragmentar una propuesta para diluir su apoyo— puede resultar más visible y atribuible.
• La Democracia Ordenada aborda la agregación de preferencias intensas bajo restricciones reales, algo que el SVCD no pretende resolver.

El modelo híbrido se organizaría en cuatro fases:

1. Proponer: cualquiera puede presentar qué se vota, con igualdad de acceso y registro de procedencia.
2. Evaluar: la comunidad contrasta propuestas y atribuye mérito a quienes las validan o desarrollan, mediante reputación contributiva contextual.
3. Decidir: se vota con intensidad sobre carteras factibles de decisiones, mediante créditos democráticos, restricciones públicas y una función social predefinida.
4. Auditar: se comprueba la ejecución; un registro de impacto documenta si lo realizado coincide con lo propuesto y ajusta el reconocimiento según la evidencia.

De la promesa al resultado: propuesta registrada → evaluación → decisión → ejecución → auditoría pública.

La diferencia es que la promesa ya no quedaría aislada en un discurso: habría un itinerario público para contrastar su cumplimiento. Esto no garantiza que toda decisión se ejecute, pero sí facilita detectar y atribuir incumplimientos.

7. Lo que queda por decidir: filosofía y matemáticas

El modelo híbrido no elimina todas las decisiones normativas. Siguen existiendo preguntas que no son técnicas:

• ¿Qué impacto cuenta como valioso?
• ¿Cómo se ponderan las preferencias de distintas personas?
• ¿Qué función social se elige para agregar los votos?

Estas preguntas no las resuelve un algoritmo por sí solo. Las resuelve la deliberación democrática. Pero esa deliberación no parte de cero: hay tradiciones de pensamiento que llevan siglos trabajando sobre ellas, y disciplinas matemáticas que permiten formalizarlas y analizar sus límites.

Qué ramas de la filosofía abordan estos puntos

La pregunta por qué es justo y cómo legitimar una decisión colectiva es central en la filosofía política. Varias corrientes han abordado problemas directamente relacionados:

• Teorías de la justicia (Rawls y sus herederos): John Rawls reabrió el debate sobre qué principios de justicia puede aceptar una sociedad de personas libres e iguales. El «velo de ignorancia» y el «equilibrio reflexivo» ayudan a pensar cómo elegir criterios sin favorecer intereses particulares. Un sistema que asigna impacto o reputación tendría que justificar por qué su métrica es justa.
• Democracia deliberativa (Habermas, Cohen, Fishkin): la legitimidad no procede solo de sumar votos, sino también de la calidad de la deliberación. Preguntas como «¿qué impacto cuenta?» requieren procesos argumentativos accesibles a quienes resulten afectados. El sistema necesitaría foros deliberativos previos a la fijación de métricas.
• Filosofía de la elección social: analiza qué significa agregar preferencias y qué requisitos de racionalidad y equidad son exigibles a una decisión colectiva. No basta con que un algoritmo funcione: hay que justificar sus axiomas.
• Republicanismo y teoría de la legitimación: la tradición republicana insiste en la libertad como no-dominación. Hacer trazable quién decide qué podría reducir espacios de dominación opaca.

Qué áreas matemáticas permiten investigar estos problemas

La otra mitad de la respuesta es formal. Existe una disciplina consolidada, la teoría de la elección social, que estudia estas cuestiones mediante axiomas y teoremas. Entre las áreas relevantes destacan:

• Teoría de la elección social (Arrow, Sen, Gibbard-Satterthwaite): estudia qué propiedades pueden satisfacer los mecanismos de agregación y qué combinaciones resultan imposibles. Sus resultados obligan a precisar el dominio y las reglas de cualquier sistema de votación.
• Diseño de mecanismos: estudia cómo diseñar reglas que incentiven la revelación de información veraz y limiten la manipulación estratégica. El voto estratégico es uno de sus problemas centrales.
• Optimización combinatoria y programación entera: la «cartera factible de decisiones» es un problema de optimización sujeto a costes, dependencias e incompatibilidades. Son herramientas adecuadas para modelarlo.
• Reparto justo (fair division): estudia la distribución de recursos o cargas con criterios como proporcionalidad o ausencia de envidia. Puede informar la asignación de recursos y la atribución del mérito, aunque el diseño de créditos políticos exige cautelas adicionales.
• Agregación de juicios (judgment aggregation): cuando las decisiones están lógicamente conectadas (por ejemplo: construir infraestructura, financiarla y no aumentar deuda), agregar juicios individuales puede producir conjuntos inconsistentes. Esta área estudia cómo detectarlos o evitarlos.

Conclusión: hacer visibles las decisiones de valor

El sistema no elimina estas preguntas: las vuelve explícitas y auditables. La filosofía aporta criterios normativos —qué es justo, qué legitimidad exigimos— y las matemáticas permiten formalizarlos, detectar sus límites y diseñar mecanismos que los respeten en la medida de lo posible. Ninguna sustituye la deliberación democrática, pero ambas pueden hacerla más rigurosa.

8. Por qué esto podría ser mejor que lo que hay ahora

No porque sea perfecto. No porque elimine el poder. Sino porque haría visible y atribuible parte de lo que hoy resulta opaco.

• Hoy, una promesa puede incumplirse sin una rendición de cuentas suficientemente precisa.
• Hoy, las influencias sobre los decisores no siempre son transparentes.
• Hoy, definir una métrica de impacto puede conferir poder a quien la diseña.

Un sistema que registra la procedencia de las propuestas, permite votar con intensidad y audita el impacto con evidencia podría mejorar la trazabilidad y la rendición de cuentas. La revocabilidad y la capacidad de exigir correcciones, sin embargo, necesitarían reglas jurídicas e institucionales expresas.

Es un horizonte, no una solución cerrada. Pero invita a examinar críticamente las limitaciones del modelo actual.

9. El problema de quien no participa

Todo sistema que depende de la participación activa tiene un punto ciego: ¿qué pasa con quien no participa? En la Democracia Ordenada, cada ciudadano recibe 100 créditos para distribuir; en el SVCD, se espera que alguien registre propuestas, las valide y evalúe su impacto. Pero no todo el mundo quiere o puede hacerlo.

Este no es un problema menor. Es, probablemente, uno de los puntos más vulnerables de cualquier propuesta de democracia directa o semidirecta. Ignorarlo sería repetir el error de los sistemas que criticamos: prometer algo que quizá no se sostiene en la práctica.

Ventajas de permitir la no participación

1. Evitar la participación forzada. Obligar a votar sin comprensión ni interés puede añadir ruido. La abstención consciente puede ser preferible a una decisión tomada a ciegas.
2. Reconocer desigualdades de tiempo y recursos. Trabajadores con jornadas largas, cuidadores, personas enfermas o mayores pueden disponer de menos oportunidades para intervenir. Penalizarlas agravaría desigualdades.
3. Permitir delegaciones legítimas. Confiar en otros para ciertos asuntos puede ser una división razonable del trabajo cognitivo, siempre que exista control y revocación.
4. Facilitar participación parcial. Una parte de la población puede implicarse más y el resto participar solo cuando considere importante un asunto; esto exige vigilar la representatividad del grupo activo.
5. Respetar la autonomía. La libertad política también incluye, en principio, la posibilidad de no intervenir en cada decisión.

Riesgos de la no participación

1. El problema del free rider. Unos asumen los costes de deliberar, evaluar y proponer mientras los beneficios se distribuyen entre todos. Esto puede desgastar al grupo activo.
2. Legitimidad debilitada. Una decisión apoyada por una minoría muy pequeña puede suscitar dudas sobre su representatividad y aceptación social.
3. Infrarrepresentación de personas afectadas. Los grupos con menos recursos o disponibilidad pueden quedar por debajo de su peso real entre los participantes.
4. Captura por minorías organizadas. Si pocos participan, un grupo coordinado puede adquirir influencia desproporcionada.
5. Brechas digitales y cognitivas. Evaluar evidencias, registrar propuestas o repartir créditos requiere herramientas y conocimientos que no todos poseen.
6. Élites de reputación en el SVCD. Si el reconocimiento se concentra en quienes tienen más tiempo, formación o contactos, podrían formarse jerarquías de expertos difíciles de cuestionar.

Cómo mitigar el problema sin imponer la participación

• Participación por niveles: un nivel básico para votar en asuntos relevantes, otro para evaluar propuestas y otro para proponer y validar; cada nivel con reglas claras.
• Sorteo para deliberaciones: combinar participación voluntaria con asambleas ciudadanas seleccionadas por sorteo, apoyadas con información y condiciones que permitan asistir.
• Delegación revocable: permitir delegar la participación en alguien de confianza y retirar esa delegación de forma sencilla.
• Opciones por defecto sometidas a control: estudiar qué ocurre con los créditos no utilizados; asignarlos automáticamente a una cartera de «interés general» podría introducir sesgos y por eso debería debatirse y auditarse antes de adoptarse.
• Inclusión activa: facilitar acceso presencial y digital, información comprensible y tiempo para participar a quienes encuentran más barreras.

En resumen: la no participación es un problema real que ningún sistema participativo resuelve por completo. Un diseño serio no debe ignorarla ni castigarla: ha de medir sus efectos y prevenir que quienes no participan queden sistemáticamente excluidos de las decisiones que los afectan.

10. Referencias: legitimación simbólica y bibliografía para profundizar

La legitimación simbólica: origen del concepto

El punto de partida del artículo —que una promesa incumplida puede funcionar como gesto legitimador sin transformar la realidad— se relaciona con una tradición sociológica y jurídica que conviene examinar.

La noción de violencia simbólica fue desarrollada por Pierre Bourdieu, a menudo en colaboración con Jean-Claude Passeron. Bourdieu sostiene que el poder se ejerce no solo mediante coerción física o imposición legal, sino también mediante categorías y estructuras mentales que hacen percibir un determinado orden social como natural. Para una aproximación crítica al concepto, véase Fernández Fernández (2005).

En el ámbito jurídico, la legislación simbólica identifica normas cuya función comunicativa o expresiva puede predominar sobre la eficacia reguladora. Bart van Klink ha analizado el carácter político de esta noción. Marcelo Neves, en A constitucionalização simbólica, estudia el predominio de la función simbólica sobre la instrumental. Manuel Atienza también ha examinado críticamente las leyes de finalidad principalmente simbólica.

Filosofía política y teoría de la justicia

• Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press. Edición castellana: Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica.
• Habermas, J. (1992). Faktizität und Geltung. Edición castellana: Facticidad y validez, Trotta. Especialmente el capítulo VII para la democracia deliberativa.
• Fishkin, J. S. (1991). Democracy and Deliberation. Yale University Press.

Teoría de la elección social

• Arrow, K. J. (1951; 2.ª ed., 1963). Social Choice and Individual Values. Yale University Press.
• Sen, A. K. (1970). Collective Choice and Social Welfare. Holden-Day.
• Gibbard, A. (1973). «Manipulation of Voting Schemes: A General Result». Econometrica, 41(4), 587–601.
• Satterthwaite, M. A. (1975). «Strategy-Proofness and Arrow’s Conditions». Journal of Economic Theory, 10(2), 187–217.

Reparto justo y diseño de mecanismos

• Brams, S. J., y Taylor, A. D. (1996). Fair Division: From Cake-Cutting to Dispute Resolution. Cambridge University Press.
• Brams, S. J., y Taylor, A. D. (1999). The Win-Win Solution: Guaranteeing Fair Shares to Everybody. W. W. Norton.

Optimización y agregación de juicios

• Nemhauser, G. L., y Wolsey, L. A. (1988). Integer and Combinatorial Optimization. Wiley.
• Grossi, D., y Pigozzi, G. (2014). Judgment Aggregation: A Primer. Morgan & Claypool.
• List, C. (2012). «The Theory of Judgment Aggregation: An Introductory Review». Synthese, 187(1), 179–207.

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Nota editorial. Este artículo presenta dos propuestas de investigación abiertas. No describe una solución probada, sino una posible vía para hacer más verificables los procesos democráticos. Las referencias son una puerta de entrada para contrastar sus fundamentos.

Para terminar:

«Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo».

Esta frase se atribuye a menudo a Albert Einstein,

pero no hay evidencia sólida de que la pronunciara.

La idea, en cualquier caso, sintetiza el propósito del artículo: explorar reglas distintas para obtener resultados distintos.

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